Las Marismas de Lebrija SCA, como referente en la producción de concentrado de tomate, se enmarca dentro de las empresas responsables con el clima y la conservación del medio, que en los últimos años ha afianzado medidas para reducir el impacto climático de su fábrica. Sin embargo, el carácter temporal de su actividad, condensado en torno a 2 meses al año, no permite encarar proyectos más ambiciosos. Pese a ello, sin reparo aparente, el Ministerio para la Transición Ecológica reclama a la fábrica sevillana, debido a la reducción de derechos de emisión de carbono, la compra de más derechos en el mercado especulativo, por un valor de 450.000 euros. Su traducción es la reducción en 2 euros por cada tonelada de tomate para cientos de agricultores del Bajo Guadalquivir.
Este desproporcionado requerimiento viene a lastrar sobremanera las cuentas de la empresa lebrijana, y que tiene como trasfondo el destapar las vergüenzas, una vez más, e ineficiencia del mercado de CO2 europeo, catalogado sorprendentemente como el más ambicioso hasta la fecha en esta materia. Quizás esta catalogación venga otorgada por la ambición en la especulación que permite, y que está disparando los precios actualmente, en detrimento de aquellas empresas con necesidad y compromiso de hacer uso de este mecanismo.
Desmesurados repuntes en el mercado de derechos de emisión
El Comercio de Derechos de Emisión de la UE, puesto en marcha en 2005, y regulado en España bajo la ley 1/2005 de 9 de marzo, es el instrumento mediante el que se autoriza a emitir y se asignan dichos derechos, en función al combustible consumido. En principio, esta medida viene a lograr un objetivo claro, como es la reducción de emisiones de CO2, marcando además un camino definido: las concesiones de permisos para emitir gases disminuyen año tras año, acelerando su ritmo desde 2020. Contrariamente, el funcionamiento de este mercado lanza un mensaje claro a las empresas: el escollo a sortear no es la contaminación, sino tener fondos o no para poder contaminar.
La letra pequeña de dicho enunciado ha ido agrandándose a la vez que el número de derechos se reduce, merced a una desregulación en torno al eterno carácter especulativo que sufren demasiados mercados. Y es que el precio de los derechos ha crecido por encima de la lógica prevista, dándose un salto en el valor de la tonelada de CO2 por encima del 420% entre 2018 y 2020. Su precio por tonelada ha sobrepasado los 40 euros en febrero de 2021, mientras en 2015 no llegaba a 6 euros. Y no existen visos de parar esta especulación.
Los grandes fondos de inversión y entidades financieras de renombre están dentro de este mercado, pese a que estos derechos fueron creados para la industria. Su entrada viene motivada por la compra y venta de estos derechos para lograr un lucro excesivo, mermando a empresas como Las Marismas de Lebrija SCA. Estas entidades han provocado los desmesurados repuntes en el valor del derecho a emitir, rompiendo el mercado a su favor.
Las Marismas de Lebrija ha invertido más de 1.200.000 euros en los últimos 5 años
La cooperativa lebrijana y su fábrica de tomate ejemplifican el funcionamiento de todo ello. Su necesidad de comprar derechos para sortear sanciones le obliga a acudir a un mercado de derechos de emisión sobredimensionado, sin poder comprar la cantidad deseada por falta de financiación y, finalmente, enfrentándose a las sanciones impuestas por el Ministerio para la Transición Ecológica. Todo ello mientras se trabaja bajo el compromiso puesto en práctica para reducir su contaminación, al mismo tiempo que se observa como los países miembros de la Unión Europea les obliga a competir con terceros a quienes no se les requieren las mismas condiciones.
En los últimos años, Las Marismas de Lebrija SCA ha implantado una serie de soluciones que han disminuido su huella de carbono. Así, se han instalado economizadores de calor a la entrada de las calderas; se ha puesto en marcha una regasificación de GNL con condensadores de pre evaporización; y se está trabajando en un cambio de las líneas de vapor por otras de mayor rendimiento y redimensionadas para ganar en eficiencia energética; así como una turbina que permita, mismamente, un ahorro eléctrico. En conjunto, las inversiones en protección medioambiental ascienden a 1.200.000 euros en los últimos 5 años.
A pesar de estas medidas, cuya suma ha disminuido el 9% de las emisiones totales, la reducción del número de derechos y el disparo constante de su precio provoca que se conviertan ya no en insuficientes, sino que casi caigan en el olvido ante el Ministerio para la Transición Ecológica. Al igual, caen en saco roto la ni siquiera considerada naturaleza de la industria tomatera, que necesita tres veces más de tiempo para amortizar las medidas implementadas que cualquier otra no estacional. Y que, a su vez, asume un consumo energético diferente para cada tipo de concentrado de tomate.
El Ministerio para la Transición Ecológica no atiende las peticiones de nuestra cooperativa
Todo ello sitúa a la empresa andaluza, con 41 años de historia, al borde del precipicio. A los ya conocidos problemas ocasionados por la COVID-19, que han disparado los costes, la sequía prevista, junto a la de los dos años anteriores, que impedirá cosechas al cien por cien de rendimiento; y la competencia desleal por parte de los países foráneos de la UE, sin exigencias medioambientales; se suman la asfixia provocada por el mercado y el Ministerio. Razones que han llevado a la cooperativa a pedir una moratoria, que ha sido desestimada. Una reacción ministerial que sigue favoreciendo los movimientos especulativos en el sector por parte de los fondos que lo controlan.
Sus consecuencias no solo las sufre la empresa, sino también el consumidor final y, sobre todo, los agricultores, quienes pierden el control de su producción y cuyo principal peligro es adentrarse en un mercado con peores precios y mayor desigualdad. Mientras, la Comisión Europea no aclara si baraja una regulación en la especulación del mercado de los derechos de emisión, lo cual sí existe en otros mercados como el suizo; Las Marismas de Lebrija SCA se encuentra ante verdaderos riesgos de desprendimiento, barajándose seriamente la tramitación de un Expediente de Regulación de Empleo si el Ministerio sigue adelante con una amenaza de sanción que cuesta entender en el seno de una entidad que realiza un esfuerzo constante para emprender medidas hacia el ansiado Green Deal, ese mismo que no reacciona para no dejar empresas fuera.
